Provincias de España

Las provincias de España son divisiones administrativas locales de España conjuntamente con los municipios y las comunidades autónomas. La provincia existe en España como forma de administración territorial desde la división territorial de España de 1833. Estas agrupan esencialmente los municipios y, a partir de la extensión de las comunidades autónomas a todo el territorio estatal (cosa que se ha condensado en la popular frase café para todos, («café para todos»), las provincias han derivado parte de sus funciones a las respectivas comunidades. Tan sólo las provincias se articulan dentro de un gobierno propio: la diputación. Son de carácter autonómico y son la división que permite asignar los diputados al Congreso de los Diputados, al Senado de España y a las cámaras autonómicas en las elecciones. Así mismo, son los propios de los juzgados de segunda instancia (audiencias provinciales), ya que por lo que hace a la administración judicial hay subdivisiones inferiores a la provincia: los partidos judiciales.

La única institución pública de nivel provincial que romana anterior al estado de las autonomías son las diputaciones provinciales. Anteriormente había, además de las diputaciones, un gobierno civil (sustituido en 1997 por delegados del gobierno del estado para cada autonomía) y un gobierno militar. Finalmente, en el País Valenciano recientemente se planteó la sustitución del modelo provincial por un modelo comarcal.

Tiene 50 provincias, las cuales en general rebotan el nombre de su capital, además de las que son comunidades autónomas uniprovinciales y de los territorios históricamente basales. De hecho, cada comunidad autónoma está formada por una o más provincias; los municipios son uniprovinciales: Astúries, Illes Balears, Cantàbria, La Rioja, Comunitat de Madrid, Múrcia, i Navarra. En estas autonomías uniprovinciales y en las Islas Canarias no hay diputaciones provinciales.

Ciudades Autonomas

Inicialmente las ciudades de Ceuta y Melilla estaban incluidas en las provincias de Cádiz y Málaga, respectivamente. A continuación, como ciudades autónomas, están fuera de la división provincial. Esta división se basa, con algunas diferencias en la División territorial de España de 1833 de Javier de Burgos, que se basaba en los límites de los antiguos regímenes hispánicos,[3] y respetaba los límites municipales, sobre un planteamiento demográfico y geográfico homogéneo, así como centralizador del Estado en relación con Madrid.

La Constitución española de 1978 estableció el derecho a la autonomía de las provincias limítrofes para formar entidades regionales y nacionales. Según el artículo 43 «…las provincias fronterizas con características históricas, culturales, y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica podrán acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas».